Emergencia en discapacidad: la presión recae sobre obras sociales y prepagas
Por Laura González – La Voz del Interior
La reciente sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras el rechazo del Congreso al veto del presidente Javier Milei, revela un impacto mayor sobre el sector privado que sobre las arcas del Estado nacional. El 80% de la atención de personas con discapacidad está a cargo de obras sociales y prepagas, mientras que los programas estatales cubren apenas una fracción.
La clave está en la actualización de prestaciones, históricamente rezagadas frente a la inflación. En 2023 los aranceles subieron 93% contra un 211% de inflación, en 2024 aumentaron 99% con un 117% de inflación, y en 2025 permanecen congelados. Una sesión con profesionales especializados se paga entre $10.000 y $12.000, aunque desde la cámara CAPREDI sostienen que el piso real debería iniciar en $20.000.
Virginia Els, titular de CAPREDI, que nuclea a 60 instituciones en Córdoba, enfatiza que “no es el Estado el que sostiene todo, sino las entidades privadas”. De las 7.200 personas que atienden, apenas un 15% ingresa al programa Incluir Salud, financiado por la Agencia Nacional de Discapacidad.
El problema central es que un nomenclador más alto encarecerá las prestaciones, lo que amenaza la sustentabilidad de obras sociales, prepagas y del APROSS, la obra social provincial. Según Jorge Colina, de IDESA, la ley “no tiene costo fiscal, sino para los financiadores privados”, pues el Fondo Solidario de Redistribución —alimentado con aportes de los afiliados— ya se encuentra desbordado: casi un 90% se consume en discapacidad, especialmente en transporte.
Rubén Torres, especialista en gestión de salud, advierte que el impacto será desigual: “las prepagas lo trasladarán a cuotas, el sector público deberá inyectar recursos, y las obras sociales verán profundizado su déficit”.
En Córdoba, el Apross destina el 10% de su presupuesto a discapacidad, con fuerte peso en instituciones, profesionales y transporte. Sin acceso a los fondos nacionales, debe asumir el 100% de la cobertura, lo que amenaza su equilibrio financiero.
En definitiva, la emergencia no resuelve los atrasos ni garantiza equidad: solo redistribuye la carga hacia un sistema privado ya debilitado, dejando abierta la incógnita sobre su viabilidad futura.
