Emergencia en discapacidad: la ley fue promulgada pero su aplicación dependerá del financiamiento que defina el Congreso
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N° 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026, pero dejó en suspenso su implementación efectiva hasta que el Congreso disponga las partidas presupuestarias necesarias. La medida fue oficializada a través del Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Parlamento rechazara el veto presidencial a la norma.
El decreto aclara que, si bien la promulgación es obligatoria tras la decisión legislativa, la ejecución no puede iniciarse sin financiamiento específico. Según la Ley de Administración Financiera, toda disposición que genere gastos debe establecer previamente de dónde saldrán los recursos.
El costo estimado es significativo: la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad implicaría unos 2,1 billones de pesos en lo que resta de 2025, equivalente al 0,26% del PBI, y cerca de 4,7 billones en 2026, lo que representaría un 0,47% del producto. A ello se suman los fondos requeridos para reforzar el programa “Incluir Salud” y la compensación a prestadores por aranceles no actualizados, con un impacto fiscal global del 0,35% del PBI.
Organizaciones de personas con discapacidad celebraron la promulgación como un triunfo tras años de reclamos, aunque advirtieron que la falta de financiamiento real puede convertir la ley en letra muerta. “Es un avance histórico, pero sin presupuesto no mejora la vida de nadie”, señalaron.
Desde el Ejecutivo se justificó la decisión de condicionar la aplicación a la disponibilidad de recursos, argumentando que la sostenibilidad fiscal es indispensable para evitar desequilibrios mayores. En contraste, legisladores opositores sostienen que el Congreso ya cumplió con su rol al sancionar la ley y que la demora en su puesta en marcha genera incertidumbre entre los beneficiarios.
La aprobación de la norma marca un hito jurídico y político, pero su futuro inmediato dependerá de la discusión presupuestaria. En los próximos meses, el debate en el Congreso será clave para definir si la emergencia en discapacidad se convierte en una política concreta o queda atrapada en la tensión entre las urgencias sociales y las restricciones fiscales.
