El modelo mendocino: ¿puede la compra de medicamentos a India convertirse en política nacional?
Cuando en diciembre de 2024 Mendoza pagó 150 mil dólares por un cargamento de metformina traído directamente desde laboratorios indios, pocos imaginaban que esa operación puntual se transformaría en la punta de lanza de un cambio estructural en la forma en que el Estado argentino compra medicamentos. Dos años después, la pregunta ya no es si el modelo funciona, sino si puede y debe, replicarse en el resto del país.
Los números explican por qué la experiencia despertó tanto interés. La primera compra representó un ahorro estimado entre el 45% y el 50% respecto del precio habitual del mercado local. Con el correr de los meses, la brecha se profundizó: sobre 14 medicamentos importados desde comienzos de 2025, el Ministerio de Salud de Mendoza reportó un ahorro promedio de hasta el 86%, que en algunas drogas alcanzó el 95%. En términos fiscales, el gasto efectivamente realizado fue de 985 millones de pesos, cuando las mismas terapias hubiesen costado cerca de 7.200 millones en el mercado local. A casi dos años del inicio del plan, se informó un ahorro promedio del 80% de lo que se debía pagar por estos tratamientos, equivalente a más de 6 mil millones de pesos.
La clave que permitió a Mendoza avanzar sin depender de Buenos Aires fue una lectura del marco normativo vigente. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, sostuvo que la Ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia, por lo que las provincias no necesitan autorización nacional para importar. El propio funcionario nacional fue explícito sobre el problema que buscaba resolver: desde 2016 el costo de los medicamentos se duplicó en Argentina en relación a Estados Unidos, y la baja adherencia a los tratamientos (de apenas un 30%), convierte al país en un caso único, con miles de dosis que se vencen sin usar.
Sin embargo, el camino no es automático para cualquier jurisdicción: según un informe técnico sobre políticas provinciales de salud, la importación de medicamentos en el país está regulada por el Decreto 150/92, que clasifica a los países proveedores en dos anexos: el Anexo I, de alta vigilancia sanitaria (como Estados Unidos, Alemania o Japón), con registro simplificado, y el Anexo II (donde se ubican India, China o Brasil), que exige condiciones adicionales, entre ellas la aprobación de las plantas elaboradoras por entidades sanitarias reconocidas. Ese trámite ante ANMAT fue, de hecho, el paso que demoró meses la primera operación mendocina.
La intención de escalar el modelo estuvo presente desde el inicio. Ya en octubre de 2024, Cornejo señaló que una decena de provincias, sin precisar cuáles, estaban interesadas en realizar una compra conjunta de medicamentos a la India, una fórmula que permitiría abaratar los costos logísticos del transporte internacional. El propio Sturzenegger expresó ese deseo abiertamente al cierre de su anuncio: «Esperemos se sumen luego el resto de los gobernadores. El que no lo haga es porque no quiere».
No obstante, hasta la información más reciente disponible, Mendoza sigue apareciendo como la jurisdicción pionera y, en gran medida, solitaria en la ejecución sistemática del esquema. El propio Ministerio de Salud provincial describió a la provincia como «el primer distrito del país en ejecutar una estrategia sistemática de importación directa de medicamentos desde India», combinando compras bilaterales con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El caso mendocino no es un fenómeno aislado en América Latina. Ecuador avanzó en 2026 con un acuerdo de gobierno a gobierno para importar fármacos indios, con el argumento de romper lo que el presidente Daniel Noboa calificó como una distorsión de precios generada por un puñado de empresas locales. Ese proceso, sin embargo, también mostró los costos de acelerar los plazos: organismos regulatorios ecuatorianos advirtieron sobre observaciones de calidad en ciertos lotes, lo que ilustra el punto más delicado de cualquier expansión del modelo: la habilitación sanitaria no puede sacrificarse en nombre de la velocidad.
Para que la experiencia mendocina se convierta en política de Estado, deberán resolverse al menos tres cuestiones: primero, que cada provincia transite su propio proceso ante ANMAT, ya que la habilitación conseguida por Mendoza no es automáticamente extensible; segundo, la escala logística, dado que compras conjuntas entre jurisdicciones (hasta ahora solo mencionadas como posibilidad), serían necesarias para que provincias más pequeñas accedan a condiciones similares; y tercero, la reacción de la industria farmacéutica local, que ve en este esquema una competencia directa a precios con los que hoy no puede competir, en un mercado donde el 67,8% de las ventas totales de medicamentos en Argentina corresponde a producción nacional y el 32,2% restante a medicamentos importados.
Con esos datos sobre la mesa, Mendoza ya dejó de ser una excepción curiosa para convertirse en un caso de estudio: la incógnita, dos años después de la primera compra, es si el resto del país está dispuesto a seguir el mismo camino.
Fuentes consultadas:
Prensa Gobierno de Mendoza-Infobae-Los Andes-Radio 3 Cadena Patagonia-Mendoza Post-iProfesional-El Sol (Mendoza)-Diario de Cuyo
