El Gobierno vuelve a extender el alivio fiscal a clínicas, sin resolver el problema estructural del sector
La administración nacional volvió a prorrogar la suspensión de ejecuciones fiscales contra clínicas, sanatorios y centros privados de salud, una medida de carácter excepcional que rige, con sucesivas extensiones, desde la crisis de 2001. La decisión, formalizada mediante resoluciones del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), extiende la protección hasta el 31 de julio de 2026 e impide el inicio de juicios y embargos por deudas impositivas y de la seguridad social.
La medida alcanza a unas 5.000 entidades del sector privado de salud que, desde hace más de dos décadas, acumulan obligaciones fiscales sin afrontar ejecuciones judiciales. En paralelo, el Poder Ejecutivo también prorrogó la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de este año, reforzando el marco excepcional bajo el cual funciona buena parte del sistema sanitario.
Desde el sector prestador, la prórroga fue recibida con alivio, aunque no sin preocupación. Referentes de clínicas y sanatorios advierten que la reiteración de extensiones temporales posterga indefinidamente una solución de fondo para una situación que consideran insostenible. “Es una respuesta transitoria, necesaria, pero que no resuelve el problema estructural”, señalan desde la Unión Argentina de Salud.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la posibilidad de avanzar en un esquema de consolidación y compensación de deudas entre el Estado y los prestadores. Desde Adecra+Cedim impulsan una propuesta que contemple tanto las obligaciones impagas como los créditos fiscales acumulados, en especial los vinculados al IVA. El sector argumenta que, al prestar servicios mayoritariamente a obras sociales, PAMI y prepagas exentas o con alícuotas reducidas, no puede descargar el IVA abonado en sus insumos, lo que genera un stock de crédito fiscal que nunca se recupera.
Especialistas en economía de la salud advierten que, tras más de 20 años, la deuda acumulada es difícil de calcular y, en los hechos, imposible de pagar en su totalidad. Una exigencia de cobro inmediato —sostienen— provocaría el quiebre masivo de prestadores privados, responsables de la atención de dos de cada tres argentinos.
Mientras tanto, el sector continúa operando bajo un régimen de excepción que evita ejecuciones, pero no corrige las distorsiones fiscales que, junto con la inflación, el atraso de aranceles y el aumento de costos, siguen deteriorando la sustentabilidad del sistema y afectan, en última instancia, la atención de los pacientes.
