El Gobierno profundiza la depuración del sistema de prepagas y ya son 139 las entidades dadas de baja
El proceso de reordenamiento del sistema de medicina prepaga avanzó un nuevo escalón este mes, luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializara la inhabilitación de otras cuatro entidades que figuraban en el registro sin actividad real. Con estas últimas resoluciones, ya ascienden a 139 las empresas de salud dadas de baja desde el inicio de la actual gestión, una cifra que marca la magnitud de la depuración en marcha.
Las decisiones fueron adoptadas tras auditorías y controles administrativos que detectaron un patrón reiterado: entidades inscriptas formalmente en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, pero que no contaban con afiliados, no prestaban servicios efectivos y no presentaron la documentación exigida por la normativa vigente. En función de esas irregularidades, la autoridad de control inició los procedimientos para rechazar la inscripción definitiva y cancelar los registros provisorios.
Desde el organismo explicaron que las medidas se encuadran en lo establecido por la Ley N.º 26.682, que regula la actividad de la medicina prepaga y habilita a la Superintendencia a excluir del sistema a aquellas organizaciones que no cumplan con los requisitos legales, operativos y administrativos necesarios para funcionar.
Las cuatro nuevas bajas se suman a una extensa lista integrada mayoritariamente por mutuales, cooperativas, asociaciones civiles y sociedades comerciales que permanecían registradas sin desarrollar actividad. Según remarcan desde el Gobierno, este proceso no afecta a afiliados activos, ya que las entidades alcanzadas no brindaban cobertura ni tenían beneficiarios registrados al momento de las inspecciones.
El objetivo central de la depuración es transparentar el padrón de prestadores, eliminar distorsiones y garantizar que el registro refleje únicamente a actores que operan de manera efectiva en el sistema de salud privado. En paralelo, se busca fortalecer la competencia real entre prestadores y mejorar los estándares de control y fiscalización.
Con más de un centenar de entidades excluidas, el avance regulatorio marca un cambio de criterio en la supervisión del sector, y anticipa un escenario de mayor exigencia para las empresas de medicina prepaga que continúan operando bajo el paraguas del sistema formal.
