El Gobierno posterga desembolsos a obras sociales y crece la tensión con la CGT
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Según cifras oficiales, la deuda reconocida asciende a unos 60.000 millones de pesos. En la previa de las elecciones de octubre, el Ministerio de Salud pactó con los gremios un esquema de tres desembolsos a realizarse entre ese mes y diciembre. Sin embargo, hasta ahora se abonaron cerca de 23.000 millones, lo que deja un saldo pendiente estimado en 37.000 millones de pesos.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que la demora no responde al conflicto político con la central sindical. Argumentan que el atraso obedece a la complejidad administrativa del proceso, ya que implica la revisión manual de alrededor de 2,3 millones de expedientes correspondientes a distintos años, algunos incluso anteriores a 2021. “Es una deuda histórica, con reclamos que se remontan a 2019”, señalan fuentes oficiales, que insisten en que existe voluntad de saldarla en su totalidad, aunque sin plazos definidos.
La gestión de los pagos se realiza a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo que depende del Ministerio de Salud y que actualmente conduce Claudio Adrián Stivelman. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre las prestadoras que tuvieran su documentación en regla y, a la vez, descomprimir la conflictividad sindical hacia fin de año. Ese último punto fue siempre rechazado por la CGT.
Los recursos para cubrir la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), financiado con aportes obligatorios descontados a los trabajadores registrados. Desde el sindicalismo denuncian que una parte significativa de ese fondo, estimada en hasta 300.000 millones de pesos, permanece inmovilizada desde la gestión anterior.
La falta de avances concretos reavivó el malestar gremial. La reciente movilización de la CGT a Plaza de Mayo y la amenaza de un paro general se produjeron en paralelo a la decisión oficial de postergar el debate de la reforma laboral hasta febrero. Mientras el sindicalismo interpreta ese gesto como una oportunidad para renegociar, en el oficialismo y la oposición lo leen como una consecuencia directa de las tensiones políticas y la fragilidad parlamentaria del Gobierno.
