El Gobierno impulsa una reforma profunda de la Ley de Salud Mental y reabre el debate sobre internaciones involuntarias
En el Día Mundial de la Salud, el Gobierno nacional anunció que en los próximos días remitirá al Congreso un proyecto de ley para modificar la normativa de salud mental vigente desde 2010. El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de la red social X, sin dar mayores detalles en ese momento.
Según fuentes del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, el objetivo es actualizar la Ley 26.657 con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran encuadre adecuado, y superar las limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la regulación de las internaciones. Se mantiene el carácter de recurso excepcional, pero se prevé que el médico psiquiatra pueda indicar la internación involuntaria en casos urgentes, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas. El plazo de notificación judicial se extenderá de diez a veinticuatro horas. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá convertirse en involuntaria con intervención de la Justicia.
Otro cambio significativo apunta al lenguaje y los criterios diagnósticos. La administración libertaria considera que el término «padecimiento mental» es ambiguo y demasiado amplio, por lo que el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para mayor precisión clínica.
En materia de infraestructura, el proyecto también rompe con uno de los pilares de la ley vigente. En lugar de limitarse a hospitales generales, el nuevo texto habla de «instituciones adecuadas», ampliando el abanico de dispositivos de internación posibles. Además, a diferencia de la ley actual, que promueve el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos, la nueva iniciativa propone fortalecer la red de atención incluyendo instituciones especializadas.
El proyecto también registra una deuda pendiente del sistema: solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención.
La reforma promete un debate legislativo intenso en un campo donde cada modificación tiene impacto directo en pacientes, familias y profesionales de la salud.
