El Gobierno extiende la emergencia sanitaria y redefine el control del sistema de Salud
En el cierre de 2025, el Gobierno nacional avanzó con un decreto de amplio alcance que impacta de lleno en el sistema sanitario argentino. La norma combina tres decisiones estratégicas: la prórroga por un año de la emergencia sanitaria, la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la ampliación de las competencias del Ministerio de Salud en el control de precursores químicos. El objetivo central es contener una deuda millonaria acumulada por el sector y reforzar los mecanismos de supervisión estatal.
La extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026 funciona como un dique de contención frente a una deuda histórica que mantienen alrededor de 5.000 prestadores de salud con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se trata de compromisos impagos en aportes y contribuciones patronales que se arrastran desde la crisis de 2001, cuyo monto total aún no fue precisado oficialmente. Sin esta prórroga, las instituciones quedaban expuestas desde enero a embargos y ejecuciones fiscales.
De manera complementaria, el Ministerio de Economía dispuso la suspensión, por seis meses más, del inicio de juicios de ejecución fiscal y de medidas cautelares. Esta ventana de tiempo busca allanar el camino para que durante 2026 se diseñe un esquema de facilidades impositivas que permita ordenar las cuentas del sector, con la intención oficial de no volver a extender la emergencia a partir de 2027.
El decreto también formaliza la disolución de la ANDIS, que pasa a integrarse al Ministerio de Salud con rango de secretaría. La decisión se apoya en auditorías internas que detectaron irregularidades administrativas, financieras y de control, especialmente en la gestión de insumos médicos y prestaciones de alto costo. Según el texto oficial, estas falencias ponían en riesgo la continuidad y el acceso efectivo a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Finalmente, la norma refuerza el rol del Ministerio de Salud en el control de precursores químicos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad. La medida cobra especial relevancia tras el escándalo del fentanilo contaminado y apunta a mejorar la trazabilidad, prevenir desvíos y anticipar riesgos sanitarios antes de que se traduzcan en daños concretos a la población.
En conjunto, el decreto refleja una estrategia de contención financiera, reorganización institucional y fortalecimiento del control sanitario en un contexto de alta sensibilidad para el sistema de Salud.
