El Gobierno analiza elevar los aportes del personal militar, ante crisis financiera del IOSFA

El Gobierno analiza elevar los aportes del personal militar, ante crisis financiera del IOSFA

El Ejecutivo nacional está evaluando una serie de modificaciones profundas en la obra social que atiende a las Fuerzas Armadas, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), con el objetivo de enfrentar una situación financiera crítica que, según fuentes oficiales, supera los 150 mil millones de pesos. En ese marco, una de las alternativas que se encuentra en estudio consiste en incrementar los aportes de los afiliados, generando un fuerte debate en el sector castrense debido al deterioro salarial y las deficiencias en las prestaciones de salud.

 

La propuesta, incluida en un decreto aún pendiente de firma presidencial, busca no solo ajustar el esquema de financiamiento, sino también reestructurar el propio IOSFA, redefiniendo su universo de beneficiarios e introduciendo cambios administrativos de fondo. En ese contexto, se contempla la posibilidad de que Gendarmería Nacional y Prefectura Naval abandonen la cobertura del IOSFA para volver a depender del Ministerio de Seguridad, con atención médica gestionada a través de convenios con empresas de medicina prepaga.

 

El debate se intensificó a fines de 2025, cuando el ministro de Defensa, Luis Petri, mantuvo un encuentro con oficiales retirados para discutir el futuro del sistema de salud militar. La iniciativa oficial, que algunos ya denominan “nueva IOSFA”, también incluye la creación de una obra social exclusiva para el personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con intervención posible del Ministerio de Economía para ordenar la pesada deuda acumulada.

 

Uno de los puntos más sensibles es el aumento del porcentaje de aporte obligatorio —actualmente en 6% del salario— y la incorporación de descuentos sobre suplementos. En un contexto donde los salarios militares han perdido poder adquisitivo y las prestaciones de salud enfrentan fallas, estas medidas generan malestar y resistencia entre los uniformados y sus familias.

 

Mientras se define el alcance del decreto, persisten dudas sobre la conformación del nuevo directorio del organismo y el rol de la actual conducción, al tiempo que la obra social enfrenta tensiones financieras y críticas por la calidad de sus servicios.