Del Congreso de APSA al Senado: el Gobierno impulsa cambios en Salud Mental y abre una discusión clave
En un contexto de creciente presión sobre el sistema sanitario, el Gobierno nacional defendió su propuesta de reforma de la ley de salud mental ante miles de especialistas y, en paralelo, el Senado se prepara para iniciar el tratamiento formal del proyecto. A partir de mañana, las comisiones de Salud y de Legislación General comenzarán a debatir la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, dando inicio a una etapa decisiva.
La presentación oficial de los lineamientos se dio durante el 39° Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental, realizado en Mar del Plata, donde la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso (a través de un mensaje grabado), los principales ejes de la reforma. Según explicó, la propuesta surge tras años de consultas con familiares, organizaciones, profesionales y autoridades provinciales, que evidenciaron dificultades en el acceso a tratamientos adecuados, especialmente en casos severos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la redefinición de criterios clínicos y legales. Se plantea reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave para la vida o la integridad física”, lo que ampliaría las posibilidades de intervención en situaciones críticas. En esa misma línea, se busca reposicionar al médico psiquiatra en un rol más decisivo, particularmente en las internaciones involuntarias, un aspecto que ya genera debate dentro del ámbito profesional.
La iniciativa también introduce cambios en los procesos de alta. En el caso de internaciones voluntarias, se prevé que la salida del paciente esté sujeta a una evaluación interdisciplinaria, con el objetivo de evitar egresos prematuros que puedan derivar en recaídas o episodios de riesgo. A su vez, se incorpora un esquema de seguimiento judicial durante seis meses para quienes hayan sido internados sin consentimiento, con informes periódicos orientados a fortalecer la continuidad de los tratamientos y reducir las reinternaciones.
Otro eje sensible es la responsabilidad de las familias en el acompañamiento posterior al alta, que el proyecto propone establecer como una obligación legal para prevenir situaciones de abandono. En paralelo, se plantea ampliar la red de atención incorporando hospitales generales, instituciones especializadas y otros dispositivos, en respuesta a la falta de camas y recursos.
Con el inicio del debate en comisiones, el Congreso se convierte en el escenario donde se pondrán en tensión distintos modelos de atención, enfoques de derechos y la capacidad real del sistema para dar respuesta a una problemática compleja y en expansión.
Agradecemos la Cobertura del Congreso en Mar del Plata a la Lic. Natalia González.-
