Cuenta regresiva en la Salud: el Gobierno diseña una salida para una deuda histórica que amenaza al sector
A días de que venza la emergencia sanitaria vigente desde 2002, el Gobierno acelera definiciones para enfrentar uno de los pasivos más delicados del sistema de salud: una deuda acumulada durante más de dos décadas por unos 5.000 prestadores con el ARCA, vinculada principalmente a aportes y contribuciones patronales. En el sector la llaman, sin eufemismos, “la bomba”, por el impacto que podría tener si se habilitan embargos y acciones judiciales a partir del 31 de diciembre.
El monto exacto nunca fue explicitado públicamente. Fuentes oficiales y privadas coinciden en que solo el organismo recaudador conoce la cifra real. Lo concreto es que clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico de todo el país llegan a fin de año con la misma inquietud recurrente: qué pasará cuando caiga el paraguas normativo que durante años los protegió de ejecuciones fiscales.
La prórroga automática de la emergencia sanitaria quedó descartada tras el rechazo del capítulo correspondiente del Presupuesto 2026 en Diputados. Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que trabajan en un esquema alternativo para cerrar, “de una vez por todas”, un problema estructural que se fue postergando gobierno tras gobierno.
Entre las opciones en análisis figura una resolución del ARCA que extienda por un año más la inembargabilidad del sector, combinada con una nueva moratoria fiscal “larga”, diseñada para ser efectivamente pagable. Pero el núcleo de la discusión va más allá del alivio coyuntural.
Los prestadores insisten en corregir lo que consideran un “error impositivo de origen”: al estar los financiadores del sistema —obras sociales y prepagas— exentos de IVA, los efectores terminan pagando ese impuesto sobre insumos sin posibilidad de recuperarlo. Esa distorsión, sostienen, generó una deuda implícita del Estado con el sector que algunas estimaciones privadas ubican en torno a los 37 billones de pesos.
En ese marco, también se evalúa una reforma tributaria más amplia, que incluiría un IVA uniforme y sensiblemente menor al actual. La expectativa oficial es que una menor presión impositiva permita a las empresas regularizar pasivos sin volver a caer en el mismo círculo vicioso.
Las definiciones se negocian entre los ministerios de Salud, Economía y Desregulación del Estado. El desafío es doble: evitar un colapso inmediato de prestadores clave y, al mismo tiempo, ordenar un sistema que arrastra desequilibrios desde la crisis de 2001. El reloj corre y diciembre vuelve a ser, otra vez, el mes decisivo para la salud.
