Envejecimiento poblacional en Argentina: Por qué el sistema de salud está en crisis
El impacto económico de la transformación demográfica se hace sentir con mayor fuerza en dos áreas clave del Estado: la sanitaria y la previsional. El envejecimiento de la población no sólo incrementó la cantidad de beneficiarios, sino que también profundizó la demanda de servicios y tensionó de manera creciente las cuentas públicas.
En el plano de la salud, el PAMI —principal prestadora para adultos mayores— es el caso más ilustrativo. Actualmente cuenta con 5,4 millones de afiliados, un salto significativo frente a los 3,1 millones que tenía antes de las moratorias previsionales implementadas entre 2009 y 2010. En apenas 15 años, su padrón creció un 74%.
El desafío no se limita al número de afiliados. La mayor expectativa de vida y el avance de los tratamientos médicos ampliaron de forma sustancial la demanda asistencial. Hoy, cerca de 2,3 millones de beneficiarios del PAMI reciben tratamientos oncológicos, para diabetes u otras enfermedades crónicas, lo que representa casi la mitad del total.
La presión sobre el sistema se refleja en los indicadores de uso: hace una década, apenas el 40% de los afiliados utilizaba al menos una prestación anual; hoy esa tasa alcanza el 90%. Mientras la demanda se mantiene relativamente estable entre quienes rondan los 70 años, crece de manera marcada a partir de los 80 y se dispara entre los mayores de 90. Actualmente, el PAMI asiste a 1,1 millón de personas mayores de 80 años y a más de 5.300 centenarios. Por primera vez, conviven como afiliados padres e hijos, cuando históricamente una generación aportaba y la otra recibía.
Este escenario sobrecarga el presupuesto del organismo. Aunque tiene asignados alrededor de $10 billones, el año pasado debió recibir un refuerzo extraordinario del Tesoro equivalente al 8% de sus partidas.
En paralelo, el sistema jubilatorio enfrenta un dilema estructural. El gasto previsional aumenta año tras año por la movilidad, los nuevos haberes y el crecimiento de la población mayor. En 2025 se incrementó un 10% y en 2026 volverá a subir en la misma proporción. Si en 2023 representaba el 34% del gasto primario, hoy se proyecta en un 46%.
A esto se suma un esquema lleno de excepciones: sólo el 25% de quienes se jubilan lo hacen con el régimen ordinario y 30 años de aportes. El resto accede por moratorias o alguno de los 205 regímenes especiales vigentes. Sin una reforma integral en agenda, el Estado deberá seguir sosteniendo una demanda creciente con una ingeniería fiscal cada vez más frágil.
