Clínicas «truchas»: ¿Qué requisitos deben cumplir los establecimientos de Salud, para funcionar legalmente?
La reciente clausura de diez clínicas vinculadas a una presunta red de medicina ilegal en La Matanza volvió a poner el foco sobre los controles y requisitos que deben cumplir los establecimientos de salud para operar en el país. La investigación judicial reveló irregularidades vinculadas al uso de matrículas ajenas, documentación presuntamente falsa y centros médicos que funcionaban sin habilitación adecuada, una situación que expuso las fallas que pueden existir en los mecanismos de fiscalización sanitaria.
En el país, las clínicas, sanatorios, consultorios y centros médicos deben atravesar un proceso de habilitación sanitaria que involucra controles nacionales, provinciales y municipales. La regulación busca garantizar condiciones mínimas de seguridad, infraestructura y responsabilidad profesional para proteger a los pacientes.
A nivel nacional, la Ley 17.132 regula el ejercicio de la medicina y establece que todo establecimiento sanitario debe contar con profesionales habilitados y una dirección técnica responsable. Además, cuando el prestador pertenece a una sociedad comercial, la estructura jurídica debe incluir responsables médicos debidamente matriculados.
Entre los principales requisitos exigidos para habilitar un establecimiento figuran la acreditación de la titularidad del inmueble, planos aprobados, inscripción impositiva, habilitación societaria y designación de un director médico. También se solicitan certificados vinculados a seguridad edilicia, prevención contra incendios, accesibilidad y condiciones sanitarias adecuadas.
Las normas distinguen además entre un consultorio individual y un centro médico de mayor complejidad. Cuando existen múltiples consultorios, servicios de diagnóstico o internación, las exigencias aumentan y se incorporan requisitos específicos sobre equipamiento, circulación interna, esterilización y bioseguridad.
En la provincia de Buenos Aires, las habilitaciones sanitarias dependen del Ministerio de Salud bonaerense, a través de áreas de fiscalización sanitaria. Allí se controlan tanto establecimientos privados generales como clínicas especializadas, centros de salud mental y servicios de internación. Los municipios, en paralelo, intervienen en aspectos comerciales y edilicios, como zonificación, seguridad y habilitación local.
Además, los colegios médicos participan en la supervisión de matrículas profesionales y habilitación de consultorios particulares. Un médico no solo debe tener matrícula vigente para ejercer, sino también desarrollar su actividad en un espacio autorizado oficialmente.
El caso investigado en La Matanza mostró justamente la importancia de esos controles cruzados. Según la causa judicial, algunos establecimientos funcionaban con documentación irregular y profesionales sin autorización válida, lo que derivó en clausuras y múltiples imputaciones.
Para especialistas del sector, la situación también reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de fiscalización sanitaria y mejorar la coordinación entre Nación, provincias y municipios para evitar que centros clandestinos o irregulares puedan seguir funcionando fuera de la ley.
