Choque entre Salud y Economía por el PAMI: demoras de pago y advertencias de riesgo estructural
La crisis de financiamiento del PAMI ha escalado hasta colocarse en el centro de una nueva pulseada interna del Gobierno. Tras varios encuentros entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis Caputo, funcionarios de ambos gabinetes intentan articular una solución técnica para evitar el colapso de la obra social más grande de Argentina, que cubre a cerca de 6 millones de afiliados en todo el país.
Desde el Ministerio de Salud, fuentes oficiales describen que “los cronogramas de pago se están cumpliendo”, aunque admiten “demoras en áreas sensibles como la atención oftalmológica”, un punto que ya impacta en prestadores y afiliados dicen no tener respuestas claras. Las mismas fuentes precisan que parte de esas tensiones derivan del retraso en transferencias y ajustes de partidas consignadas por el Tesoro, lo que alimenta demoras con farmacias, clínicas y laboratorios.
Mientras los voceros de Salud aseguran que la cartera está cumpliendo con los cronogramas de pagos, organizaciones del sector salud y prestadores alertan por una acumulación de deudas que, en algunos casos, supera los plazos habituales y pone en cuestión la continuidad de prestaciones en varias jurisdicciones. Por ejemplo, en regiones como Río Negro, Santa Fe y Córdoba los prestadores ya han reportado restricciones o modificaciones de atención por falta de fondos oportunos.
El conflicto también se refleja en el terreno político e institucional: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, debió publicar un comunicado oficial aclarando que “todas las gestiones vinculadas a PAMI y Discapacidad deben canalizarse a través de la autoridad competente del Ministerio de Salud”, ante intentos de deslindar responsabilidades con otras áreas del gabinete.
Desde el Ministerio de Economía, en tanto, fuentes gubernamentales señalaron que la reunión con Salud fue “muy productiva” y se plantearon “acuerdos técnicos para avanzar en los próximos días” en la solución de los temas presupuestarios que enfrentan al PAMI.
El escenario deja en evidencia no solo la dificultad de armonizar prioridades fiscalistas con necesidades sanitarias, sino también la presión que enfrentan autoridades sanitarias y prestadores ante la posibilidad de que el sistema de atención para jubilados y pensionados se resienta aún más si no se normaliza el flujo de fondos.
