Argentina se suma a la coalición antiaborto liderada por Trump, en medio de hermetismo oficial
El gobierno de Javier Milei formalizó su adhesión al Consenso de Ginebra, la declaración internacional de perfil provida impulsada por Estados Unidos, aunque la decisión permaneció fuera del radar público durante varios días antes de confirmarse oficialmente.
El canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense Peter Lamelas firmaron el documento el lunes 10 de agosto. Sin embargo, la Casa Rosada recién dio a conocer la noticia tres días después, cuando ya había trascendido en medios de Estados Unidos y luego de repetidas consultas periodísticas. Al comunicarla, Quirno evitó mencionar la palabra «aborto» y enmarcó la medida como un gesto de defensa de «la vida, la libertad, la propiedad privada y el imperio de la ley», en sintonía con el ideario que atribuye al propio Milei.
El Consenso de Ginebra nació en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, impulsado por el entonces secretario de Estado Mike Pompeo. Pese a su nombre, nunca se firmó en Ginebra sino en Washington, y su objetivo central es evitar que el aborto sea reconocido como un derecho en los foros multilaterales. No es un instrumento vinculante: no obliga legalmente a los países firmantes ni tiene poder de ejecución, sino que funciona como una plataforma de coordinación diplomática. Por eso, la adhesión argentina no modifica la legislación vigente: la ley que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14, sancionada en 2021, continúa en pie.
La membresía del bloque ha sido inestable y depende del signo político de cada gobierno: Estados Unidos se retiró bajo la presidencia de Joe Biden y volvió a integrarlo (y ahora a liderarlo), con el regreso de Trump. Algo similar ocurrió en Brasil y Colombia, que adhirieron con gobiernos conservadores y luego se bajaron con la llegada de Lula da Silva y Gustavo Petro. Hoy la coalición reúne a 42 países, entre ellos varios señalados por organismos de derechos humanos por sus regímenes autoritarios.
La decisión no pasó inadvertida para el movimiento feminista y de la diversidad. Organizaciones sociales, redes de derechos humanos y colectivos LGBTIQA+ expresaron su rechazo y remarcaron que la ley argentina fue conquistada tras años de militancia y sancionada democráticamente por el Congreso. A nivel regional, redes de salud advirtieron que el paso desconoce compromisos previos asumidos por los países latinoamericanos en materia de salud sexual y reproductiva.
Por ahora, el Gobierno insiste en que no avanzará sobre la ley sin los consensos políticos necesarios. Pero la adhesión reabre un interrogante que atraviesa a buena parte del oficialismo: hasta dónde está dispuesto a llevar la batalla cultural en torno al aborto.
