Denuncias en la Superintendencia de Salud: Tensión e Investigación
Una denuncia penal presentada de forma anónima ante el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 y la Oficina Anticorrupción encendió alertas sobre la gestión patrimonial de Mario Gutiérrez, actual gerente de Administración de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo clave en la regulación de obras sociales y prepagas.
Según el escrito, Gutiérrez ha multiplicado su patrimonio en casi 30 veces desde que se desempeña como funcionario, un crecimiento que no podría ser explicado por sus ingresos oficiales. La denuncia plantea que el gerente no tiene respaldo documental para justificar, entre otros movimientos, consumos de su tarjeta de crédito que rondarían los 60 millones de pesos, además de figurar como deudor tipo 1 ante el Banco Central.
El caso trascendió más allá del expediente judicial cuando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó una protesta frente a la sede de la Superintendencia. El sindicato acusa también un vaciamiento sistemático del organismo, con amenazas de despidos, recortes presupuestarios y aplicación de sanciones que, según sus representantes, afectan de forma desigual a obras sociales chicas mientras se toleran incumplimientos de grandes empresas de medicina privada.
En ese marco, los trabajadores realizaron “paros a la japonesa”, una modalidad que consiste en intensificar la actividad para acelerar la atención de reclamos, con el objetivo de visibilizar el rol de la planta del organismo y su importancia para garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud.
Este foco de conflicto se suma a un contexto en el que distintos actores sociales y políticos vienen cuestionando la transparencia y la gestión de recursos en áreas sensibles del Estado. La investigación judicial ahora deberá determinar si existen fundamentos probatorios suficientes para avanzar con medidas penales, mientras crece la presión pública sobre la Superintendencia y sus máximos responsables.
