Salud pública y frontera política: el cruce por la atención a extranjeros en hospitales
La atención médica a personas extranjeras en hospitales públicos volvió a convertirse en eje de una fuerte disputa política entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El debate se encendió luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmara que en los hospitales de la Ciudad “ya no se atiende gratis a quienes no tienen DNI argentino” y que, por primera vez, los residentes porteños tienen prioridad en el sistema público de salud.
Las declaraciones, realizadas en el marco de la presentación de una cirugía fetal realizada en un hospital público de la Ciudad, fueron interpretadas como un mensaje político de alto impacto. Macri defendió la medida bajo el argumento de ordenar el sistema sanitario y garantizar recursos para los contribuyentes locales, en un contexto de fuerte presión sobre los hospitales porteños.
La respuesta más dura llegó desde el gobierno bonaerense. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó con firmeza la postura del mandatario porteño y la calificó de “mezquina”. Según el funcionario, la salud pública no puede definirse en función del origen o la documentación de las personas, y advirtió que ese enfoque implica “decidir a quién se atiende y a quién no”. Además, recordó que la Ciudad cuenta con una infraestructura hospitalaria histórica, heredada en gran parte del Estado nacional, y que recibe diariamente a millones de trabajadores del conurbano que también aportan al circuito económico porteño.
En medio del cruce, la diputada nacional Silvia Lospennato se sumó a la polémica con duras críticas hacia Kreplak y el gobernador Axel Kicillof. La legisladora acusó a la administración bonaerense de no garantizar servicios básicos de calidad y sostuvo que, en lugar de cuestionar a la Ciudad, la provincia debería concentrarse en mejorar su propio sistema de salud. En un tono irónico, sugirió que si Buenos Aires necesita asistencia sanitaria, debería pedirla formalmente.
La controversia no es aislada. En los últimos años, varias provincias comenzaron a implementar esquemas de cobro para extranjeros no residentes, reabriendo un debate de fondo sobre el alcance del derecho a la salud, la sustentabilidad del sistema público y el uso de los recursos estatales.
Más allá del cruce discursivo, la discusión expone una tensión estructural: cómo equilibrar el acceso universal a la salud con la presión financiera sobre los sistemas sanitarios, en un escenario de restricciones presupuestarias y alta demanda. Una vez más, la salud se convierte en terreno de disputa política.
