Licencias por enfermedad: El plan del Gobierno para reducir salarios y cómo se paga en el resto de la región.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, reabrió el debate sobre el sistema de licencias por enfermedad, uno de los puntos más sensibles para trabajadores y empleadores. La iniciativa plantea modificar el esquema actual, que garantiza el pago del 100 % del salario durante licencias médicas no laborales, para introducir escalas de remuneración reducida según el origen y características de la dolencia.
Según el texto en discusión parlamentaria, la compensación podría descender al 75 % o incluso al 50 % del salario en determinados casos, especialmente cuando se considere que la afección deriva de actividades riesgosas voluntarias. El oficialismo sostiene que el objetivo es “modernizar” el régimen y disminuir costos laborales indirectos, mientras sindicatos y especialistas advierten que la medida implicaría una pérdida concreta de ingresos para trabajadores enfermos y podría incentivar el presentismo laboral.
El cambio también reconfigura el posicionamiento comparativo del país frente a otros sistemas latinoamericanos. En Chile, por ejemplo, el salario durante la licencia médica suele ser reemplazado por subsidios del sistema de salud que cubren entre 65 % y 80 % del ingreso. En Brasil, el empleador paga los primeros 15 días de ausencia y luego el beneficio lo asume la seguridad social estatal. En Uruguay, el subsidio por enfermedad también depende del sistema público previsional y no exclusivamente de la empresa.
Este esquema mixto (Estado más empleador), es la regla en gran parte de la región y explica por qué el sistema argentino vigente resulta más protector en términos salariales directos, aunque también más costoso para el sector privado. La reforma, de aprobarse en su versión actual, acercaría el modelo local a estándares regionales menos generosos en cobertura salarial, pero no necesariamente replicaría el componente de financiamiento estatal que caracteriza a otros países.
Analistas laborales coinciden en que el impacto final dependerá de la redacción definitiva y de su reglamentación. El punto crítico será el equilibrio entre competitividad empresarial y protección social: un ajuste excesivo podría trasladar el costo de la enfermedad al trabajador; uno insuficiente, sostienen empresarios, mantendría rigideces que desalientan la contratación formal. El Congreso tendrá la última palabra en un debate que combina economía, salud y derechos laborales.
