Pubertad precoz: familias reclaman la reglamentación de la ley para garantizar cobertura
La demora en la reglamentación de la ley que incorpora la pubertad precoz al Plan Médico Obligatorio (PMO) mantiene en vilo a cientos de familias que dependen de tratamientos de alto costo para sus hijos. Aunque la norma fue sancionada en 2023, la falta de implementación efectiva deja un vacío legal que las obras sociales y prepagas aprovechan para limitar la cobertura.
Según reveló una nota publicada en La Nación, el tratamiento hormonal necesario para frenar el desarrollo temprano de características sexuales secundarias supera los 2,5 millones de pesos cada tres meses. Pese a ello, en muchos casos las coberturas solo reconocen un porcentaje reducido, obligando a los padres a recurrir a la vía judicial para garantizar el acceso.
La abogada Analía Reyno, madre de una niña diagnosticada en pandemia, explicó que algunas entidades apenas cubren el 40% del tratamiento y que las demoras administrativas son una constante. “Es una carrera contra el tiempo. Cada mes sin medicación impacta en la salud y en la vida de los chicos”, afirmó.
Desde el ámbito médico, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) pidió al Ministerio de Salud que la reglamentación contemple criterios claros y menos restrictivos, con límites de edad acordes al consenso científico: 8 años en niñas y 9 en varones. El organismo advirtió que durante la pandemia se registró un aumento de casos, fenómeno que luego descendió, aunque los niveles actuales siguen siendo más altos que hace una década.
Mientras tanto, asociaciones de padres y especialistas coinciden en un reclamo central: la urgencia de reglamentar la ley. Sin esa herramienta, advierten, la protección del derecho a la salud de los menores queda sujeta a interpretaciones discrecionales y a la capacidad económica de cada familia.
