Protocolo porteño para embarazadas vulnerables, bajo la lupa
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un protocolo de atención integral para embarazadas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos, acompañamiento médico, psicológico y social. Según el sitio oficial, el programa contempla la articulación entre hospitales, centros de salud y organismos de protección, con énfasis en la detección temprana de embarazos y la prevención de situaciones de riesgo.
Sin embargo, una investigación publicada por Página/12 revela una preocupante contradicción entre el diseño del protocolo y su implementación. El artículo denuncia que organizaciones religiosas con posturas antiabortistas han sido habilitadas para intervenir en el proceso de atención, incluso en espacios públicos como hospitales. Estas entidades, según testimonios recogidos por el medio, obstaculizan el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), derecho garantizado por ley desde 2021.
Mientras el protocolo oficial destaca la importancia de la autonomía de las mujeres y el respeto por sus decisiones, la nota de Página/12 expone casos en los que esa autonomía se ve vulnerada por presiones ideológicas. La falta de controles sobre quiénes integran los equipos de acompañamiento y la ausencia de perspectiva de género en algunos espacios son señaladas como fallas graves del sistema.
La tensión entre el discurso institucional y la práctica concreta pone en evidencia una disputa por el sentido de las políticas públicas en salud reproductiva. Lo que debería ser un dispositivo de cuidado se convierte, en algunos casos, en un mecanismo de coerción. La pregunta que queda abierta es si el Estado está garantizando derechos o delegando su cumplimiento a actores que los restringen.
