Mediación en Salud: entre la promesa de agilizar conflictos y el desafío de garantizar derechos
El Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025 instauró el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una nueva herramienta que busca resolver disputas entre pacientes, obras sociales, prepagas y seguros médicos antes de llegar a la vía judicial. El objetivo declarado es reducir tiempos, costos y litigios, en un sector donde las demoras pueden tener consecuencias críticas.
La propuesta contempla un registro de mediadores especializados en salud, con formación en bioética y derecho sanitario. De este modo, se pretende equilibrar la asimetría entre pacientes y financiadores, promoviendo acuerdos más justos y menos traumáticos. Además, se garantiza la confidencialidad de los casos y la participación del Ministerio de Salud, que podrá coordinar derivaciones o soluciones sistémicas.
Entre los beneficios señalados por especialistas, destacan la posibilidad de evitar juicios prolongados, proteger la privacidad de los pacientes y producir estadísticas que permitan detectar inequidades o malas prácticas en la cobertura médica.
Sin embargo, el esquema no está exento de riesgos. Organizaciones y expertos advierten que la mediación obligatoria podría transformarse en un filtro que retrase el acceso a tratamientos urgentes. También señalan que los costos indirectos, como traslados o asesoría legal, podrían excluir a los sectores más vulnerables, aun cuando se prevé patrocinio gratuito. Otro punto sensible es la asimetría de poder: las instituciones cuentan con equipos técnicos y jurídicos, mientras que los pacientes suelen negociar en inferioridad de condiciones.
Para mitigar estos riesgos, se plantean diversas salvaguardas: un procedimiento rápido de 48 a 72 horas en casos críticos, capacitación continua de mediadores, auditorías públicas, sanciones a entidades que incumplan acuerdos y la creación de una defensoría del paciente que acompañe a quienes enfrenten situaciones complejas.
El éxito de PROMESA dependerá en gran medida de su implementación. Mientras algunas provincias analizan adherir, especialistas insisten en la necesidad de fijar criterios mínimos comunes que eviten desigualdades territoriales. La mediación puede ser un puente hacia una justicia más ágil y humana en salud, pero sin las garantías adecuadas corre el riesgo de transformarse en un nuevo obstáculo para los pacientes.
