La Iglesia católica argentina eleva el tono: reclamo a Lugones por la crisis en discapacidad
En la primera semana de abril, la Iglesia Católica argentina, a través de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), remitió una carta formal al ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, en la que expresa su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesan las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad y reclama una respuesta “concreta, visible y urgente” que detenga el deterioro en ese sector social básico.
Según el texto oficial publicado por el Episcopado, el documento enviado a Lugones plantea que numerosas obras y centros asistenciales enfrentan una crisis económica de extrema gravedad, producto del retraso e insuficiencia de aportes estatales que deberían garantizar servicios esenciales, alimentación, medicamentos y salarios de cuidadores, para miles de personas con discapacidad. El reclamo eclesiástico se inserta en un contexto de agravamiento socio-económico general, donde sectores vulnerables reportan mayores necesidades de asistencia básica, como han advertido recientemente los obispos en otras instancias públicas.
La nota amplía el cuadro cuantificando el impacto de la crisis: el mal funcionamiento del sistema de financiamiento y la negativa del gobierno a aplicar la ley de emergencia en discapacidad, vetada por el presidente Javier Milei, pondrían en riesgo directo a unas 250.000 personas y, si se suman familias, trabajadores y proveedores vinculados a estas instituciones, a casi un millón de argentinos.
El documento episcopal subraya la traducción concreta de la crisis en endeudamiento creciente, riesgo de cierres de hogares y deterioro de servicios esenciales, y exige el cumplimiento de la ley 24.901, que establece prestaciones básicas para personas con discapacidad en todo el país. La Iglesia considera que el respeto por la dignidad de los más vulnerables no puede quedar “expuesta a disputas administrativas o coyunturales políticas”, sino que debe traducirse en respuestas estatales efectivas y sostenidas.
Este reclamo ocurre en un momento de creciente tensión entre la Iglesia y el gobierno, en parte por la orientación política actual y las políticas sociales aplicadas, lo que convierte la carta al ministro en un gesto que no solo es pastoral, sino también con fuerte carga ética y social.
En síntesis, el posicionamiento eclesiástico combina una denuncia de desfinanciamiento institucional con un llamado a priorizar la protección social de los más frágiles, en un contexto donde el debate sobre el rol del Estado y la solidaridad social sigue abierto.
