Freno al acceso a medicamentos esenciales: la reforma del Plan Remediar y la crisis de recursos sanitarios tras el COFESA
En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde participan las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, el Gobierno nacional confirmó una profunda transformación del Plan Remediar, la histórica política pública de acceso gratuito a medicamentos que funcionó por más de dos décadas. El anuncio consiste en la finalización del programa tal como se conocía hasta ahora y su reemplazo por un nuevo esquema focalizado en determinadas patologías de alta mortalidad que empezaría a operar a partir del 1° de junio de 2026.
Según el Gobierno nacional, la reforma responde a una evaluación de gestión que detectó un uso “ineficiente” de los recursos y baja trazabilidad en el envío y uso de insumos a los centros de atención primaria de salud (CAPS). Bajo la nueva estrategia, se priorizará la entrega a centros que cumplan ciertos criterios técnicos como receta electrónica, seguimiento de indicadores y guías clínicas, y se orientará la provisión hacia enfermedades de mayor impacto en mortalidad, con controles más estrictos y corresponsabilidad entre Nación y jurisdicciones.
Sin embargo, esta modificación se produce en un contexto de reducción generalizada de recursos sanitarios que el Estado nacional transfiere a las provincias, situación que organismos sindicales y funcionarios provinciales vienen denunciando con énfasis. Según gremios de salud, los envíos de medicamentos por el Plan Remediar han caído significativamente y hay faltantes en vacunas del calendario oficial y otros insumos esenciales, lo que complica el acceso directo de la población a tratamientos básicos.
El impacto ya se manifiesta en inversiones provinciales extraordinarias para garantizar la continuidad de terapias, como en Santa Fe, donde las autoridades debieron comprar medicamentos con fondos propios ante la caída de los envíos nacionales.
Los críticos de la reforma sostienen que, lejos de “afianzar el acceso”, este nuevo enfoque puede generar brechas de cobertura entre jurisdicciones y inequidades en el sistema sanitario, especialmente para sectores más vulnerables, aumentando la dependencia de políticas locales frente a la reducción de programas nacionales.
