Fiscalía indaga presunta contratación irregular en OSPIF y el vínculo con exdirectivo de empresa tecnológica

Fiscalía indaga presunta contratación irregular en OSPIF y el vínculo con exdirectivo de empresa tecnológica

La Justicia federal abrió una investigación para determinar si hubo irregularidades en la contratación de una firma tecnológica por parte de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF), intervenida por el Estado. La causa quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi tras una denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien ya mantiene líneas de investigación abiertas sobre otras obras sociales intervenidas durante la actual gestión.

 

El foco de atención está puesto en SAAS SAU, una empresa dedicada al desarrollo de software para obras sociales, fundada por Juan Manuel Picón. El funcionario ingresó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en marzo de 2024 y, cinco meses después, su exempresa fue contratada por OSPIF, organismo que ya se encontraba bajo intervención estatal y dentro de la órbita de la SSS.

 

Picón, hoy gerente general de la entidad que supervisa al sistema de obras sociales, fue señalado preliminarmente por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Los registros muestran que lideró la compañía hasta asumir su cargo. Según la fiscalía, el software de SAAS automatiza procesos y gestiona fondos vinculados a prestaciones, entre ellas las relacionadas con discapacidad.

 

Desde la SSS negaron cualquier irregularidad y aseguraron que Picón vendió su participación antes de asumir, sin mantener vínculos económicos ni societarios. La contratación de SAAS se formalizó el 10 de julio de 2024, cuando OSPIF estaba intervenida y bajo administración estatal.

 

El fiscal Marijuan solicitó esclarecer si existieron beneficios indebidos o aprovechamiento de información estratégica. La resolución dependerá ahora de la decisión de la fiscalía sobre impulsar o no la investigación. En paralelo, el caso se suma a otras siete intervenciones en obras sociales bajo revisión desde el inicio del gobierno.