El Gobierno dispuso un aumento del 35% para las prestaciones por discapacidad: será escalonado hasta diciembre
El gobierno nacional ha dispuesto una actualización significativa del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, con aumentos que oscilan entre el 29,7 % y el 35,4 % distribuidos en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.
La medida se concretó a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, autorizara una partida presupuestaria adicional para afrontar el ajuste.
El aumento se aplica a los valores del nomenclador nacional, que sirven de referencia para los aranceles que cobran los prestadores –instituciones, profesionales y servicios– vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los rubros están la internación, el transporte, el apoyo educativo y laboral, la atención médica, la rehabilitación y otros servicios esenciales.
Desde los organismos que impulsaron la medida se afirmó que se busca “acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.
El incremento llega tras un retraso importante: el último aumento había sido de apenas 0,5 % en diciembre de 2024. Esa demora había provocado cortes en algunos servicios, cierres de centros de atención y demoras en los pagos, según denunciaron organizaciones vinculadas al sector.
Las agrupaciones de discapacidad, como el Foro Permanente de Discapacidad, habían marchado frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un aumento cercano al 70 % —tal como establece la ley de emergencia en discapacidad— argumentando que el 35 % otorgado era insuficiente.
En su justificación, el gobierno lo presenta como una política de “normalización y previsibilidad” del sistema, en contraste con gestiones anteriores, donde los incrementos habían sido mucho menores frente a una inflación muy alta.
La resolución que oficializa el alza —la ANDIS 13901/2025— fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre y debe entrar en vigencia en los meses indicados.
Con esta medida, se apunta no solo a recomponer valores, sino también a restablecer criterios de equidad y transparencia en la asignación de recursos, y asegurar que los fondos lleguen a quienes prestan atención a las personas con discapacidad en todo el país. infobae
