El Gobierno busca eliminar a las droguerías del circuito estatal de medicamentos
El Ministerio de Salud de la Nación avanza con una reforma considerada “disruptiva”: reducir al mínimo el rol de las droguerías en la compra de medicamentos y vacunas por parte del Estado. Según estimaciones oficiales, esta medida podría generar un ahorro de entre un 10% y un 25% en la inversión anual, lo que se traduce en miles de millones de pesos.
Tradicionalmente, las droguerías actúan como intermediarias entre los laboratorios y el Estado, almacenando los fármacos y distribuyéndolos a hospitales, centros de salud y programas específicos. Este esquema consolidado durante décadas limitó la participación directa de muchos laboratorios en las licitaciones estatales.
Con la reforma, el Gobierno pretende que los laboratorios vendan directamente al Estado, fomentando la competencia y reduciendo costos. Para octubre próximo, el Ministerio prepara las primeras licitaciones bajo este nuevo esquema, publicando además en su sitio web el Plan Anual de Contrataciones 2025, con precios y datos abiertos para que cualquier laboratorio pueda participar en igualdad de condiciones.
La logística, un punto sensible, ya cuenta con cobertura mediante empresas como Andreani y Suizo Argentina, que presentaron ofertas un 20% más económicas que el Correo Argentino en la última licitación. Esto permite prescindir de intermediarios que encarecen la adquisición.
El cambio, aclararon fuentes oficiales, se planeó antes del escándalo judicial que involucra a Suizo Argentina por presuntas coimas vinculadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Aún así, se mantendrán ciertas funciones para casos de “compulsa” judicial, donde se requiere entrega inmediata de medicamentos; aunque la idea es también licitar estos productos con anticipación.
La medida busca no solo optimizar los recursos del Estado, sino transformar una práctica histórica del sistema de compras públicas: “No queremos demonizar a las droguerías, pero sí cuestionar un hábito consolidado por usos y costumbres. La idea es que el Estado deje de pagar de más cuando no hay justificación para hacerlo”, concluyeron desde la cartera sanitaria.
