Discapacidad: derechos recortados a quienes más los necesitan
En una columna publicada en La Nación por María Susana Ciruzzi, la autora aborda la preocupante restricción de derechos que enfrentan las personas más vulnerables en la Argentina. Ciruzzi parte de su propia experiencia como persona con discapacidad para reflexionar sobre cómo el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad -más allá de su legalidad- simboliza una decisión ética que margina a quienes requieren especial protección.
La nota distingue entre privilegios y derechos: frente a los primeros, que son concesiones excepcionales, los derechos deben ser universales y operativos, garantizados por el Estado. Cuando los sectores más desprotegidos -niños, ancianos, personas con discapacidad o en situación de pobreza- quedan sujetos a que sus derechos dependan de la discrecionalidad política, se atenta contra la igualdad jurídica y la dignidad humana.
Ciruzzi sostiene que en casos de mayor vulnerabilidad el Estado tiene una “obligación extra” de intervención, dado que muchos no cuentan con recursos para resistir impactos adversos. Esa responsabilidad debe traducirse en políticas públicas activas que aseguren el acceso efectivo y equitativo a prestaciones esenciales.
El episodio del veto es central en su crítica: si bien la facultad presidencial es legítima dentro del marco constitucional, su aplicación puede ser moralmente reprochable cuando restringe derechos de personas dependientes de su cumplimiento. En este caso, el veto fue revertido por el Congreso, pero su efecto simbólico ya estaba cumplido. Ciruzzi alerta que esa lógica política puede degenerar en discriminación: vetar la ley de discapacidad equivale, en la práctica, a “vetar a las personas con discapacidad”.
La autora reconoce los desequilibrios del sistema de pensiones por invalidez -con adjudicaciones excesivas- pero advierte que ajustarlo no debe implicar retroceder derechos. La ética pública exige que los recursos sean asignados con justicia, sin recurrir a la restricción como solución. Ciruzzi invoca la ética del cuidado, el principio de solidaridad y la función esencial del Poder Judicial para preservar derechos frente a excesos de los poderes Ejecutivo o Legislativo.
En definitiva, Ciruzzi plantea que el problema no es solo jurídico ni presupuestario, sino ético: una sociedad que admite recortes indiscriminados contra los más fragilizados está renunciando a su compromiso con la justicia y la igualdad.
