Debaten en Provincia la creación del Centro Farmacéutico Bonaerense
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, volvió a presionar por la sanción de la ley que crearía el Centro Farmacéutico Bonaerense, una sociedad anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) destinada a producir, distribuir y comercializar insumos médicos.
Según informes oficiales, el proyecto impulsado por el Ejecutivo ya obtuvo media sanción en Diputados, pero sigue pendiente de tratamiento en el Senado.
Kreplak y sus colaboradores planean que la norma se discuta tras el 10 de diciembre, cuando la nueva conformación legislativa —con Fuerza Patria presumiendo quórum propio— facilite su aprobación en sesiones extraordinarias.
Durante un acto conjunto con el dirigente social y candidato a diputado nacional Juan Grabois en el Hospital Gutiérrez de La Plata, Kreplak argumentó que transformar el actual Instituto Biológico Tomás Perón en esta empresa pública permitirá “escalar mucho más la producción” de medicamentos e insumos, reducir costos y asegurar mejor acceso para la población.
El ministro advirtió que uno de cada cuatro jubilados hoy no puede adquirir los fármacos recetados, lo que ha conllevado un aumento del 30 % en la demanda de guardias hospitalarias.
La propuesta plantea que el 51 % del capital accionario esté en manos del Estado provincial (acciones clase A) y el 49 % restante (clase B) sea asignado a privados con experiencia demostrada. La dirección recaería en un directorio paritario de ocho integrantes, con mandato de tres años.
En cuanto a sus funciones, el Centro podrá fabricar medicamentos, vacunas, insumos odontológicos, equipos y realizar compras, ventas e investigaciones, priorizando abastecer al sistema de salud público provincial y municipal.
Para Grabois, la aprobación de la ley permitiría distribuir remedios “a precios razonables” y reducir el peso del monopolio de grandes laboratorios en los hospitales, obras sociales y centros privados.
La estructura legal también incluye la creación de una comisión bicameral de de seguimiento, fiscalización y control integrada por legisladores.
El desafío principal sigue siendo impulsar ese avance en el Senado. Hasta ahora, la iniciativa quedó trabada tras su paso por Diputados, pese al respaldo político recibido.
