Controversia por nuevas dosis de Covid-19: el Gobierno gastará USD 72 millones pese al escaso uso
El Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, impulsa actualmente una compra directa de Pfizer por USD 72 millones, correspondientes a 2 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, en una operación que genera resistencia dentro del gobierno y controversia pública.
Estas dosis, que pertenecen al esquema de compra iniciado durante la presidencia de Alberto Fernández, se sumarían al ya cuestionado contrato de 2021. Aunque ya no existe emergencia sanitaria a nivel internacional, el Estado mantiene la política de adquisición de las dosis, gran parte de las cuales han sido almacenadas, descartadas por su fecha de vencimiento o simplemente no aplicadas debido a la baja demanda.
Una de las principales críticas internas apunta a que estas vacunas ya no cuentan con la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), y por lo tanto algunos funcionarios sostienen que no cumplen los estándares vigentes. También se menciona que ANMAT debería revocar permisos previos si no se alinean con los nuevos criterios técnicos.
El costo logístico eleva significativamente la inversión: si bien el precio de las vacunas es de alrededor de USD 12,50 por unidad, la exigencia de una cadena de frío especializada y las presentaciones dobles hacen que el costo total para el Estado argentino se aproxime a los USD 72 millones, casi el triple del valor neto de adquisición.
En paralelo, del lote ya importado anteriormente, sólo un 38,5 % de las dosis fueron aplicadas, el resto fue descartado o quedó sin uso. Las reservas tienen fecha de vencimiento cercana (noviembre) y se teme un mayor desperdicio si no se agiliza su uso.
La compra ocurre en medio del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que intensifica la sensibilidad política del tema. En este contexto, se debate si la adquisición responde a una urgencia de salud pública o refleja decisiones que podrían generar cuestionamientos legales y éticos.
Fuente: SaberenSalud.
