Anestésicos desviados, tragedias sanitarias y legislación: un mapa de riesgos reales en el país
La reciente investigación de Omar Lavieri en Infobae sobre un médico anestesista que presuntamente ofrecía “viajes controlados” con propofol y fentanilo fuera de un contexto terapéutico puso nuevamente en el centro del debate público un tema hasta ahora poco documentado en nuestro país: el uso de sustancias médicas de efecto anestésico fuera de los circuitos sanitarios autorizados. La muerte de un residente tras una sobredosis en ese marco, y la pesquisa que dejó bajo la lupa a un hospital, revelan grietas en la supervisión de fármacos de alta potencia y riesgo.
Más allá de esta singular situación de presunto uso recreativo no informado hasta ahora en reportes oficiales, el país ha atravesado en los últimos años varios episodios relevantes vinculados al manejo, desvío y consecuencias del uso indebido de anestésicos de alto riesgo.
El caso más resonante es la crisis sanitaria provocada por lotes de fentanilo clínico contaminado con bacterias multirresistentes, cuyo uso en hospitales a partir de 2025 fue asociado a decenas de muertes, infecciones y consecuencias legales y regulatorias de gran alcance. Las sustancias, fabricadas por laboratorios sancionados por anomalías en la producción y distribución, terminaron en miles de ampollas aplicadas antes de su retiro forzoso por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Simultáneamente, las fuerzas de seguridad y la justicia han documentado múltiples casos de robo o desvío de ampollas de fentanilo desde hospitales, incautaciones ligadas a redes que comercializaban estos fármacos, y procedimientos contra organizaciones que presuntamente extraían medicamentos controlados del circuito hospitalario para su venta en canales no autorizados.
Este contexto alimenta las preocupaciones regulatorias que dieron lugar a iniciativas como la Disposición 6223/2025 de la ANMAT, que amplió las sustancias sometidas a trazabilidad obligatoria desde la producción hasta la dispensa con monitoreo electrónico en tiempo real, con el fin de detectar desvíos, robos o irregularidades.
Todo ello se enmarca en la Ley 23.737, que incorpora al Código Penal la regulación penal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias con riesgo de dependencia, y los decretos que actualizan sus listas, donde aparecen sustancias como ketamina.
La convergencia de tragedias sanitarias, investigaciones judiciales y reformas regulatorias revela que, aunque localmente no existe una cultura masiva de uso recreativo de anestésicos, la vulnerabilidad del sistema de control y la presión de mercados ilícitos sobre medicamentos de alto riesgo representan desafíos concretos, cuya gestión exige tanto respuesta judicial como fortalecimiento de mecanismos de trazabilidad y supervisión sanitaria.
